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Transelec desiste de participar en gran parte de las licitaciones por US$ 900 millones del SIC

>> 27 de diciembre de 2011

Fuente: El Mercurio


Una de las mayores preocupaciones que enfrenta el Gobierno en materia energética es el reforzamiento del sistema de transmisión, cuyas inversiones son claves para conducir la electricidad adicional que año a año demanda el país.

Para superar el déficit que hoy enfrenta el Sistema Interconectado Central (SIC) en la materia, a mediados de 2011 el Ministerio de Energía lanzó una licitación pública internacional por US$ 900 millones.

Esto, para extender y fortalecer las líneas de transmisión y evitar apagones como el de fines de septiembre, que dejó sin luz a cerca de nueve millones de personas. En esa oportunidad, el sistema de transmisión falló a nivel de subestación Ancoa.

Y pese a la importancia que reviste el plan de obras impulsado por el Gobierno, la principal empresa de líneas de transmisión del país, Transelec, tomó la decisión de no participar en gran parte de los proyectos aludidos.

De los US$ 900 millones en inversiones que se están subastando, la firma eléctrica sólo buscará adjudicarse obras por cerca de US$ 200 millones. Esto, porque la compañía de capitales canadienses-que opera el 85% del sistema energético que va desde Taltal (Tercera Región) hasta Chiloé (Décima Región)- sólo irá por la construcción de la subestación seleccionadora Lo Aguirre, etapa I (US$ 69 millones); la instalación de un CER 100/-60 MVAr en subestación Cardones (US$ 20,7 millones); y la nueva línea Cardones-Diego de Almagro de una capacidad de 2x220 kV (US$ 37 millones), todas obras que reforzarán el sistema.

En tanto, la firma desistió de participar en el proyecto de una nueva línea de 2x500 kV desde Charrúa a Ancoa (US$ 140,4 millones); el tendido de 2x220 kV entre Ciruelos y Pichirropulli (US$ 45,5 millones); la línea Polpaico-Pan de Azúcar de 2x500 kV (US$ 280 millones); el tendido Maitencillo-Cardones de 2x500 kV (US$ 79,3 millones), y Maitencillo-Pan de Azúcar de 2x500 kV (US$ 130,1 millones).

El Gobierno ya fue informado por Transelec de su decisión de no ser parte de estas licitaciones.
Según fuentes conocedoras de la decisión de Transelec, ésta responde a los altos riesgos que asumiría de no cumplir con los plazos establecidos por las bases para la puesta en marcha de cada uno de los proyectos.

Esto, porque las bases de licitación estipulan que si una compañía no cumple con los tiempos para poner en servicio las obras, se procederá a cobrar las boletas de garantía, aplicar multas por días de atraso, además de compensaciones asociadas a los costos por la congestión que provocaría la postergación.

Además, conocedores del tema destacan que las sanciones son altas e ilimitadas, por lo que se podría producir un alto sobrecosto en las inversiones estimadas en un principio por la compañía que se adjudica la obra de transmisión.

Dicho escenario, dicen las mismas fuentes, es muy probable, debido a las dificultades que implica la entrega de permisos y autorizaciones por parte de organismos gubernamentales en el marco de los procesos de aprobación de estos proyectos. Ejemplo de lo anterior son los 120 días estimados para la tramitación de una concesión eléctrica, tiempo que en la actualidad es largamente superado y que media de unos dos a tres años.

A esto se suman las dificultades para negociar las servidumbres de paso con los dueños de los terrenos por donde debe pasar la línea de transmisión.

Las fuentes explican que en los últimos años la larga tramitación de los proyectos ante organismos como el Servicio de Evaluación Ambiental han generado una creciente especulación en torno al valor de los predios. A esto se agrega que la posesión de los terrenos termina gestionándose en tribunales, lo que somete los plazos de las iniciativas a los tiempos judiciales.

Fuente: El Mercurio

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