Subsecretario de Energía: "No estamos elaborando proyectos de ley pensando en HidroAysén"

Fuente: La Tercera

El miércoles pasado Colbún abrió un flanco al gobierno, al pedir a HidroAysén -sociedad en la que posee el 49% de la propiedad- suspender los estudios de la línea de transmisión por la falta de una política energética consensuada.

El anuncio activó un debate sobre si hoy están o no dadas las condiciones para que los privados avancen en los proyectos energéticos. En los últimos días, representantes del empresariado y asesores del sector respaldaron a Colbún y reafirmaron que los inversionistas requieren señales más claras.

Ante estas inquietudes, el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, responde que el gobierno  tiene una estrategia clara y definida en materia energética -en la cual trabajan aceleradamente-, que busca solucionar los problemas existentes y no dejarlos para administraciones futuras.

¿Cómo interpretan la decisión que tomó Colbún?

La mejor interpretación la puede hacer Colbún, pero lo que muestra es que visualiza un riesgo importante de seguir adelante con el proyecto HidroAysén, desde su perspectiva, porque no existe consenso en la política energética. Reconoce que es un proyecto de gran envergadura en relación con su tamaño y en virtud de eso, y en que no habría consenso nacional sobre cómo desarrollar el sector eléctrico, habría un riesgo muy importante que no está dispuesta a tomar.

También afirma que podría disminuir su participación en la propiedad.

En ese caso, ¿el Estado estaría abierto a tomar una participación en HidroAysén?

En ningún momento dentro del gobierno hemos discutido esa posibilidad ni analizado esa alternativa. Por lo tanto, en ese contexto, descartamos la posibilidad de que el gobierno se haga parte.

La empresa liga su decisión a la falta de una política energética clara.

Colbún no señala en su declaración que no exista una política nacional, sino que no hay una política que cuente con amplio consenso. Eso es distinto. Lo que han dicho es que se abra un debate nacional sobre cómo desarrollar el sector eléctrico.

¿Comparten, entonces, la opinión de que no hay un consenso?

Hay una dificultad, sin duda, no diría generalizada, pero como el sector eléctrico es complejo de entender, es difícil en el corto plazo concitar  consenso respecto de cuál es el camino que hay que tomar.

¿Hoy el gobierno cuenta o no con una política energética clara?

Existe una Estrategia Nacional de Energía (ENE) y se está trabajando en su implementación. Previamente, se construyeron los cimientos de ella en la formación del Cade, que es un grupo de expertos que nos asesoró. También estuvo la comisión ciudadana técnico parlamentaria.

¿Hacia dónde apunta esa Estrategia Nacional de Energía?

Hay que entender que las opciones para Chile son acotadas. Hay que privilegiar la eficiencia energética, incorporar las ERNC, y el principal recurso es la hidroelectricidad para poder construir un precio de la energía propio en nuestro país, menos dependiente de la economía global.

Respaldar el crecimiento de la economía y satisfacer el consumo de energía en el país es, sin duda, relevante, dada la restricción de recursos que tenemos. Por eso es necesario que utilicemos los recursos que el país dispone, entre ellos, la hidroelectricidad.

Además, es importante que el país entienda cuáles son las verdaderas opciones que tiene Chile para desarrollar el sector eléctrico y los desafíos que enfrenta.

¿Hay desconocimiento de la población respecto de la realidad energética del país?

Hay una dificultad comunicacional que enfrentan todos los países respecto de la importancia de la energía en el crecimiento de las economías.

Hay que incrementar el conocimiento en la población de cuáles son las verdaderas opciones. Es necesario dar a conocer en mayor medida la estrategia de energía. Es una tarea que se debe reforzar.

Y para los inversionistas privados, ¿cuál es el llamado?

El mensaje es que estamos trabajando intensamente para ir corrigiendo las debilidades que tiene la materialización de las inversiones en Chile en el sector eléctrico.  Avanzamos en temas de transmisión con licitaciones en el SIC y Sing y en la ley de concesiones eléctricas.

También tenemos las reformas a la Ley de Geotermia, entre otras, y trabajamos en un proyecto de integración con Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.  Acabamos de tener una reunión en Lima, para analizar cómo debería ser esta integración. Es una tarea de largo plazo y deberíamos aspirar a tener alguna interconexión entre 2020 y 2030.

¿Cuál es el desafío de las empresas en la relación con las comunidades, dada la oposición que enfrentan los proyectos?

Los privados deben reconocer que la sociedad y la comunidad han ido cambiando su manera de ver y valorar los distintos proyectos. En el pasado, la gente no participaba mayormente, no se preocupaba de los beneficios y costos. Hoy, con una mayor población, hay más interés en el medioambiente y en la influencia de estos proyectos en la calidad de vida.

¿Los privados tienen que entender este cambio de la ciudadanía al momento de elaborar sus proyectos de inversión?

Sin duda. La actual situación exige esto. Las probabilidades de materializar los proyectos, si no hay un trabajo adecuado con las comunidades, son bastante menores que antes. Es importante construir ese respaldo. Para eso se requiere un trabajo minucioso y detallado con las comunidades en las cuales están insertos.

Lo que veremos en el futuro es una participación cada vez más creciente de las comunidades. El desarrollo de los proyectos obliga a los titulares a involucrarse más estrechamente con las comunidades.

A nivel del gobierno, ¿se están tomando decisiones?

Independientemente de lo que cada empresa pueda resolver, nosotros tenemos un camino trazado en la estrategia nacional de energía, y, por lo tanto, tampoco podemos estar pendientes de lo que va a pensar una u otra instancia respecto de los proyectos que podamos pretender.

Tenemos una carta de navegación y la estamos cumpliendo, estamos ingresando proyectos que van a colaborar a que funcione mejor la transmisión.

Las decisiones que estamos tomando hoy día repercutirán en los gobiernos que vienen.

Hay parlamentarios que piensan que iniciativas como la carretera eléctrica son un traje a la medida para HidroAysén.

Como gobierno, no estamos elaborando proyectos de ley y reglamentos pensando en HidroAysén. Estamos trabajando, pensando en el desarrollo del sector eléctrico chileno.

Como gobierno debemos crear las condiciones que permitan incorporar el máximo de iniciativas privadas, de tal forma que puedan reemplazar los proyectos que no están en condiciones de ser concretados. Esto, considerando los retrasos asociados a la judicialización de los proyectos.

Además, en un proceso legislativo es importante que los parlamentarios entiendan, y tenemos que transmitir que las decisiones que estamos tomando redundarán en el respaldo que requerirán en materia de proyectos eléctricos los futuros gobiernos. Lo que no hagamos ahora repercutirá en el gobierno siguiente y el subsiguiente. Este es un tema país.

¿Qué viene hacia adelante? ¿Cuáles son los plazos y el modelo para la carretera eléctrica?

Hay dos problemas centrales en materia de transmisión. Un déficit de inversión en transmisión en la década del 2000, que lo estamos corrigiendo a través de licitaciones e inversiones que se están realizando. Asimismo, hay atrasos en la construcción de las líneas y eso afecta el precio de la energía.

Eso se está corrigiendo con la ley de concesiones y servidumbres ingresada en mayo. Hay que poner la transmisión por delante de la generación, y eso nos obliga a tener que revisar algunas cosas.

Cuando se interviene en el sector como regulador, es una cirugía mayor y tiene consecuencias. Eso nos obliga también en la forma en que se debiera remunerar el sistema.

La carretera eléctrica requiere hacer todo un análisis de los impactos que tiene un cambio regulatorio, y eso ya lo estaríamos presentando en septiembre.

Estamos trabajando en el tema intensamente. Una parte de la carretera es la ley de concesiones y servidumbres. Lo otro es tener holguras, construir líneas para más largo plazo.

Queda pendiente la redacción y la forma en que se tarifica el sistema de transmisión. Cuando se construye con holgura hay que revisar cómo se tarifica.

Entonces serán los usuarios finales los que la paguen...

En cualquier escenario, el usuario final termina pagando los costos.

¿Todos estos cambios propuestos apuntan a una planificación desde el Estado en el desarrollo del sistema eléctrico?

No me gusta el concepto planificación central. Diría que la idea del Estado es entregar señales de más largo plazo en el tema de transmisión, para poder lograr una menor intervención del medioambiente, y en la  generación estamos buscando crear las condiciones para que exista una  mayor disponibilidad de terrenos.

Fuente: La Tercera