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50 vecinos de Totoral ponen en jaque al mayor proyecto eléctrico del norte

>> 23 de julio de 2012


Las tres de la tarde, y no hay ni un alma en las dos calles que tiene Totoral. La gente se guarda del agobiante sol. Esta semana están recogiendo aceitunas y haciendo dulce de membrillo. Cuesta creer que este pueblo con una escuela de una decena de alumnos tenga en jaque al megaproyecto eléctrico Central Castilla, de MPX Energía, que supone una inversión de US$ 5 mil millones.

De todos los que han dado batallas judiciales contra la iniciativa del brasileño Eike Batista, Totoral es el único que se ha negado siempre a negociar.

La zona aledaña (ver mapa) a la iniciativa es un hervidero de intrigas. Si bien el proyecto obtuvo su permiso ambiental en marzo de 2011, desde entonces ha tenido un difícil camino judicial. Hay familias que se han quebrado porque algunos miembros quieren negociar con la empresa y otros no.

Hay personas de Totoral que han buscado "pasarse" al lado de otros actores -pescadores o algueros-, para poder recibir compensaciones. Incluso, señala Fresia Araya, presidenta de la junta de vecinos de este pueblo, algunos pobladores fueron "expulsados" de la organización por querer negociar con la empresa.

Todas las partes en conflictos se verán las caras este martes 24 de julio, a las 13 horas, en la Tercera Sala de la Corte Suprema en Santiago. El juez Sergio Muñoz los llamó a una conciliación, y esta semana verá si hay acuerdo entre las partes o no. Hoy, cerca del 80% de los involucrados están dispuestos a negociar. Los únicos que no, son los vecinos de Totoral. En la junta de vecinos hay 114 inscritos y son 50 los que se oponen al proyecto. "No queremos la central, no queremos contaminación y no vamos a negociar. ¿Le queda claro?", dice Fresia Araya, la dirigenta que es artesana de la totora y que vive en el pueblo con dos nietas de siete y ocho años. Esta organización es asesorada por Álvaro Toro, vinculado a la ONG Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Con acuerdo unánime, parcial o sin consenso, es aquella sala de la Suprema la que decidirá el destino final de la eléctrica, la mayor inversión en el sector después de HidroAysén y clave para el abastecimiento de la zona, hoy en plena expansión minera.

Juan Carlos Morales, un estudiante de Derecho que actúa como vocero de la localidad y que es el nieto de la vicepresidenta de la junta de vecinos, cuenta que Totoral vive de la artesanía de totora y brea, además de la agricultura. Hay un incipiente turismo. "El conflicto ha logrado que el pueblo se dé a conocer y que la actividad turística sea una nueva fuente de ingresos", admite.

De todos los actores que recurrieron a la justicia para oponerse a la Central Castilla, los pobladores de Totoral son los que están más lejos de la planta y no viven de la pesca ni de las algas, como los otros. Totoral está a 25 kilómetros de donde se hará la termoeléctrica, casi la misma distancia de la que está Zapallar de la Central Ventanas. Es una comunidad formada por pocas familias y muchas de ellas están ligadas. "Aquí, o eres Morales o eres Araya; son dos las familias más numerosas de Totoral", dice Juan Carlos Morales.

En la zona, los ánimos están más que caldeados. Los intereses son muy distintos. Durante la evaluación ambiental, la empresa MPX alcanzó un acuerdo con la familia Domínguez y con pescadores de Bahía Chascos y Pajonales, quienes incluso hoy ayudan en algunas labores relacionadas con el proyecto. Con los pescadores hay acuerdos de becas de estudio de 10 años para los hijos, ayudas en infraestructura como camionetas o embarcaderos, y en el caso concreto de Pajonales, se llegó al compromiso de ceder un terreno en el área costera, dado que muchos de ellos viven "en tomas".

Si se cuantifica el acuerdo, es el equivalente a que cada poblador de la zona hubiera logrado $8,7 millones.

Esta es la misma suma que la empresa de Eike Batista ofrece al resto de los reclamantes. ¿Quiénes son éstos? Hay, por una parte, 43 algueros de Bahía Chascos, representados por el abogado Lorenzo Soto, que plantean que de hacerse la termoeléctrica deben haber mitigaciones ambientales, un seguro en caso de cualquier accidente que dañe el entorno, y una compensación monetaria para ellos. Los recolectores de algas señalan que al año facturan $300 millones.

Otros 100 pescadores que no están allí, sino que en un área más amplia entre Punta Cachos y Caldera, son asesorados por los abogados Ignacio Poblete y Cristián Tapia, vinculados a la multisindical pesquera Conapach. "Estamos 'por escuchar' las propuestas, siempre y cuando se haga el puerto Castilla y no la central termoeléctrica", dice Ignacio Poblete. Aun así, este abogado señala que si la empresa de Batista quiere hacer la termoeléctrica, es esencial que "se instalen sistemas que disminuyan los impactos al mar, como las torres de enfriamiento". Pero la empresa no quiere tales equipos y aduce un efecto contraproducente: el agua se devuelve al mar más caliente, suben las emisiones contaminantes y produce sal, dañando la flora y la fauna.

Lo que ofrece la empresa de Eike Batista

La empresa MPX Energía presentó en junio ante la Suprema una propuesta que incluye el retiro de una unidad de diésel de 127 megawatts (MW), que implica una inversión de US$ 80 millones, más otras mejoras ambientales, como mayores filtros y ductos más profundos. En compensaciones sociales, al fondo de desarrollo regional de unos US$ 50 millones ya previsto se suma un fondo de desarrollo local de 0,25% del costo total del proyecto, destinado a las comunidades directamente afectadas. Esto es, US$ 8 millones adicionales. Con estos nuevos cambios, el costo de esta propuesta llega a US$ 17,4 millones.

Fuente: El Mercurio

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