Fuente: La Tercera
El debate sobre los efectos de la clausura de la planta de Agrosuper en Freirina (Tercera Región), copó la primera parte de la tradicional reunión mensual del consejo general de la Sofofa, el miércoles 30 de mayo. Críticas a la inacción del gobierno y las fuerzas policiales ante las violentas protestas que provocaron el cierre de la empresa encendieron los ánimos de los asistentes. Lo que terminó de tensionar el ambiente, sin embargo, fue una información proveniente de la Superintendencia de Valores y Seguros: a esa misma hora, mediante un hecho esencial, el grupo Matte, dueño de Colbún, solicitaba a Endesa -su socia en HidroAysén- suspender la tramitación de la línea de transmisión del proyecto.
El anuncio impactó al mundo empresarial, donde rápidamente comenzaron a alinearse en torno a un análisis común: el actuar de Colbún era un llamado de atención para que, en primer término, el gobierno se comprometa con una institucionalidad de largo plazo en materia energética. Así, se abría un flanco de conflicto para el Ejecutivo en su relación con el sector privado, paradójicamente, un año después de que la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico provocara un fuerte remezón, al gatillar una molestia ciudadana que se tradujo en masivas protestas, que influyeron en el descenso del gobierno en las encuestas.
Tras la sorpresa inicial, La Moneda tomó nota del diagnóstico y asumió que el episodio amenazaba con convertirse en un catalizador de la molestia que venía incubándose en el sector privado por otros temas, como la implementación de la reforma tributaria y la arremetida fiscalizadora que, entre otros hitos, impactó en el retail a raíz del caso La Polar, y a empresas del rubro alimenticio, tras la denuncia de colusión en el precio de los pollos y de la situación vivida en Freirina.
Pero, por mucha que sea la preocupación empresarial, el Presidente ha instado a sus colaboradores más próximos a exponer los argumentos del gobierno. Primero, dice él, no se puede poner en duda su vocación pro mercado y pro emprendimiento. Segundo, no es fruto del azar que Chile haya crecido el año pasado sobre el 6%. Tercero, el comité de agilización de inversiones logró destrabar proyectos del orden de los 3 mil millones de dólares. Son hechos que para La Moneda deben estar en la mesa de discusión.
Por ello, ministros políticos y sectoriales comenzaron a desplegarse para hacer control de daños y neutralizar una eventual escalada de críticas empresariales.
En la mañana del jueves 31, el secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se reunió con el presidente de la Sofofa, Andrés Concha.
En Palacio aseguran que en dicha cita el ministro transmitió un mensaje de tranquilidad al dirigente gremial, subrayando que se valoraban los entendimientos con el sector privado, siempre dentro de un marco de respeto a las leyes medioambientales y a los consumidores. En la reunión, también se despejó la incógnita sobre la ley que creará una carretera eléctrica pública -que podría viabilizar HidroAysén y otros proyectos-, iniciativa que estaría lista en septiembre u octubre, tal como se estimaba desde un principio.
En paralelo, los titulares de Hacienda, Felipe Larraín, y de Energía, Jorge Bunster, realizaron llamados a otros dirigentes de la CPC y la Sofofa. Y el propio Larroulet habló con expertos del sector, como el ex ministro de Energía Jorge Rodríguez Grossi, hoy presidente de la eléctrica Guacolda.
La hoja de ruta del gobierno contempla que el propio Presidente Sebastián Piñera asuma un rol protagónico en el diálogo con los empresarios. En esa lógica, el primer paso fue su participación en la Cumbre de Emprendedores de Chile, a la que asistió la noche del lunes pasado en el Centro de Extensión de la UC. Ayer, en tanto, almorzó con una veintena de representantes del sector energético, entre los que se encontraría Bernardo Matte, dueño de Colbún.
Para la próxima semana tiene previsto asistir a la cena anual de la Conapyme.
La cita más importante, sin embargo, es la que representantes del Gobierno y de la CPC buscan agendar para los próximos días. En el gobierno dicen que esta cita estaba en mente desde antes que Colbún hiciera sonar las alarmas. Lo concreto es que aún no hay fecha para el encuentro, pero en la sede gremial reconocen que existe un interés mutuo por concretar una cita con “agenda abierta”.
La estrategia del Gobierno es radicar el conflicto en el Congreso, un mensaje que fue reforzado durante el fin de semana por el ministro Larroulet, y que ha permeado en el mundo empresarial, donde han insistido en la necesidad de alcanzar “grandes consensos políticos”.
Tanto en el Gobierno como en el sector privado existe acuerdo a la hora de señalar que el golpe de timón del grupo Matte logró “sacudir” el debate energético, instalando en el eje de la discusión la necesidad de establecer plazos razonables para avanzar en una institucionalidad en el rubro. Las autoridades creen que hay que hacerlo y que es más urgente que nunca, ya que la fragilidad del sistema eléctrico es evidente. Argumentan que se ha invertido en Chile muy poco en transmisión. Y que la sequía complica más las cosas: la hidroelectricidad, que significa en condiciones normales entre el 50% y el 60% de la matriz, durante abril pasado -mes seco- contribuyó sólo con el 31%.
En esa lógica, la reacción del Ejecutivo, aseguran en Palacio, busca mostrar proactividad, para cerrar rápidamente un flanco que se potenció no por presiones ciudadanas, tampoco por demandas gremiales, sino por la campanada del grupo controlador de una de las empresas más grandes del país. Un factor que, según especulan en La Moneda, en cierto modo instó al dueño de Agrosuper, Gonzalo Vial, a mostrar públicamente su descontento con el actuar de la administración en Freirina.
Desde la campaña presidencial que Piñera y su entorno han debido lidiar con la vinculación que sectores de la oposición hacen entre el gobierno y los grupos empresariales. En esa lógica, en círculos oficialistas no son pocos los que creen que al aparecer en veredas distintas el Ejecutivo puede capitalizar la tensión. En Palacio, sin embargo, son más cautos a este respecto. En un escenario complejo, con nubarrones recesivos en la economía mundial, creen preferible mostrar un frente mejor alineado entre el sector público y el privado para potenciar la imagen de Chile como país confiable para recibir inversiones.
En La Moneda aseguran que en la cita con empresarios, el Presidente repetirá que Chile debe duplicar su matriz energética de aquí al 2020. Insistirá en él no puede controlar la creciente judicialización de los proyectos eléctricos. Y les dirá a sus interlocutores que los tribunales ambientales que debieran tener luz verde a fin de año deberían ser capaces de neutralizar estos episodios. La idea central es detallar y defender lo realizado.
Argumentar que no es culpa de La Moneda el contexto social que ha condicionado la tramitación de proyectos como HidroAysén, con una ciudadanía empoderada que está dispuesta a presionar para defender sus puntos de vista y que se organiza para judicializarlo todo. Y añaden que si bien el Mandatario dará señales pro inversión y reforzará su compromiso con la implementación de una carretera eléctrica pública, también será claro a la hora de señalar que ninguno de esos avances se impulsarán a costa de las políticas medioambientales o afectando a los consumidores. Si bien en el Gobierno se optó por no alimentar una polémica con Colbún, existe el convencimiento de que la empresa siempre supo que el proyecto iba a encontrar fuerte resistencia y que a estas alturas no se puede declarar sorprendida por los obstáculos.
En el Ejecutivo saben que la relación con los empresarios no pasa por su mejor momento. Sin embargo aseguran que Piñera tiene capital como para enfrentar discrepancias con el sector.
En las ramas de la CPC, en tanto, tienen altas expectativas respecto a la cita que sostendrán con el Mandatario. Creen que no sólo es la ocasión de abordar el tema energético, sino también para plantear la inquietud del sector frente a la agenda pro consumidor del gobierno, revisar la propuesta del oficialismo en materia impositiva y ponderar la amenaza de una crisis económica mundial.
La apuesta de los empresarios, aseguran en la CPC, es canalizar inquietudes sectoriales que suelen manifestarse en las dos reuniones mensuales que realiza la multigremial. Por ejemplo, la incomodidad de la Cámara Chilena de la Construcción, que en las últimas semanas hizo un duro análisis sobre el manejo del Gobierno en el área de concesiones. Una molestia que, revelan fuentes empresariales, en un momento estuvo cerca de convertirse en una declaración pública a fines de la semana pasada, y que llegó a oídos de personeros de la administración Piñera.
Hoy, junto con el debate energético, la principal preocupación de los empresarios pasa por la reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso.
El lunes pasado, representantes de la CPC expusieron por casi cinco horas ante la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde plantearon reparos a la aplicación de “impuestos verdes” y a la implementación de una política de arancel cero. Inquietudes de esa índole -y comentarios favorables y contrarios a la iniciativa legal- contiene un documento de 30 páginas que está preparando la Cámara Nacional de Comercio. La intención de su presidente, Carlos Jorquiera, es entregar el paper a parlamentarios y ministros. Y hacérselo llegar a Piñera antes de la cita que los congregará en los próximos días.
Fuente:
La Tercera
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