Fuente: Revista Electricidad - El Mercurio
La alta oposición que enfrentan los proyectos eléctricos en el país llevó al Ministerio de Energía a cuantificar el valor económico que implica para el sector energético que iniciativas de generación como HidroAysén, Castilla, Alto Maipo o Campiche retrasen en un año su puesta en marcha.
El estudio adjudicado por la mencionada cartera a la Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se titula "Análisis de casos de recursos administrativos y judiciales relacionado con la tramitación de permisos para proyectos del sector eléctrico y sus efectos en las inversiones del sector energía". El informe determina que el retraso de las iniciativas que han enfrentado una mayor oposición por parte de terceros generaría un alto costo económico al Sistema Interconectado Central (SIC) si se demoran un año. Este lapso, contado desde la fecha que estimó la Comisión Nacional de Energía (CNE) para las primeras inyecciones de electricidad de estas centrales.
Así, el estudio señala -tomando como base de cálculo el valor económico presente de las distintas tecnologías y estimando los costos en un horizonte que se extiende hasta el 2030- que el retraso de proyectos como HidroAysén le podrían generar un costo de hasta US$ 388 millones al SIC. La puesta en marcha de la primera unidad de esta iniciativa está planificada para 2022.
Mientras que si Castilla, perteneciente a MPX y E.ON, no comienza a inyectar energía entre 2019 y 2020, el mayor costo para el sistema sería por hasta US$ 54 millones. Otra de las centrales emblemáticas, cuya demora podría afectar al SIC es Alto Maipo de AES Gener.
En este caso el impacto se elevaría a US$ 106 millones.
Las extensiones de plazos afectarían directamente los costos marginales -precio de la electricidad en el mercado spot que se determina por la unidad menos eficiente que despacha energía y que afecta directamente a los clientes libres-, pues habría una menor oferta de energía de centrales hidroeléctricas y carboneras. Estas son las tecnologías más económicas.
Según Pilar Moraga, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista a cargo del estudio, estos montos son preocupantes. Agrega que el estudio deja de manifiesto las deficiencias que tiene la regulación ambiental.
Por su parte, el gerente general de la Asociación de generadoras de Chile, René Muga, añade que el aumento de los valores de la operación del sistema también afectaría la economía por los puestos de trabajo que no se generan al no concretarse los proyectos. A su vez, porque el país no cuenta con costos energéticos competitivos, respecto de otras economías.
La académica destaca que una de las conclusiones del estudio revela la necesidad de entregar una mayor certeza jurídica en torno al convenio 169 de la OIT, relativo a materias de pueblos indígenas que se vean afectados por proyectos. Esto, agrega, porque parte de los procesos judiciales que enfrentan las compañías se originan en la falta de reglamentación de este artículo.
El estudio también detecta una falta de definición en la legislación ambiental en torno a la determinación de las zonas de influencia de los proyectos eléctricos. "Este tipo de puntos se presta para la interpretación y ambigüedades sobre los efectos que tendrán iniciativas a la hora de ser cuestionadas por terceros", finaliza.
Fuente:
Revista Electricidad -
El Mercurio
Read more...
.jpg)
