Durante el reciente consejo de gabinete efectuado en Cerro Castillo, el Presidente Sebastián Piñera asumió un tono particularmente serio para abordar uno de los temas que lo obsesionan desde hace algunos meses: el abastecimiento de agua y energía.
En momentos en que se completan tres años secos y que el gobierno acaba de emitir un nuevo decreto de zona de escasez hídrica (en Melipilla, que se suma así a Copiapó, San Antonio, Santo Domingo, Quilpué, los ríos Aconcagua y Quilimarí, La Ligua y Petorca), en La Moneda han pedido a los ministerios a cargo del tema acelerar los proyectos que están relacionados con esta situación y buscar alternativas.
"Para nosotros es una prioridad absoluta. El gobierno está decidido a enfrentar los desafíos tanto en materia de generación de energía como de déficit de agua, que son dos grandes limitantes para alcanzar el desarrollo económico", resume el titular de la Segpres, Cristián Larroulet.
Ya el año pasado, el Presidente decidió involucrarse en el tema de la escasez hídrica, a través de largas reuniones con la Dirección General de Aguas. A Piñera le alertó un informe del Banco Mundial que determina que si no se toman las medidas adecuadas, de aquí a 15 años el déficit de agua en el norte llegará al 80%. El estudio concluye que si bien Chile es un país rico en recursos hídricos, el 84% del agua se pierde en el mar, tras fluir por los ríos, por la falta de infraestructura que permita embalsarla.
Infiltración de napas
Con este escenario, el MOP elaboró una suerte de "carta de navegación" en cuanto a gestión del recurso hídrico. "La sequía deja en evidencia la importancia de contar con una política de largo plazo, y eso significa una estrategia nacional, que considera la generación de nuevas fuentes, el perfeccionamiento del marco regulatorio y tener una acción proactiva ante situaciones críticas", dice la subsecretaria Loreto Silva.
En este contexto, desde mediados del año pasado se iniciaron medidas de contingencia: decretos de emergencia agrícola (52) y de escasez hídrica (cinco zonas), que permiten inyectar recursos; se avanza en un nuevo marco regulatorio frente al sobreotorgamiento de derechos de aguas en las últimas décadas, y en materia de agua potable, se exigió a las empresas tomar medidas para asegurar el recurso para la población, como la recarga de embalses.
Sin embargo, son las acciones a mediano y largo plazo sobre las que La Moneda ha puesto más presión.
El año pasado se presentó el plan nacional de embalses, que contempla la construcción de 15 hacia el 2022. Seis de éstos fueron priorizados, con una inversión de US$ 850 millones, y el de Chacrillas, en la V Región, ya está en construcción.
El problema es que va a estar terminado recién en 2015.
Ante el tiempo y la inversión que considera la construcción de los embalses, el gobierno estudia fórmulas que reducirían los costos y los plazos en, al menos, cuatro años. Se trata del sistema de "infiltración de acuíferos".
"Dentro de los proyectos que estamos potenciando, nos interesa impulsar de manera particular la recarga de acuíferos, iniciativa que aún no es explorada en nuestro país, pero que representa múltiples beneficios para los agricultores. El costo de infiltrar es de $ 30 a $ 60 el metro cúbico, contra los $ 1.000 de agua embalsada en forma superficial. Esto nos permitirá avanzar en forma más rápida y eficiente", explica el ministro de Agricultura, Luis Mayol.
Esto permitirá que se originen embalses subterráneos que almacenarán el agua, que luego se extrae por pozos, a través de sistema de bombeo. La capacidad de estos embalses puede llegar a los 700 millones de metros cúbicos y ya se comenzaron los estudios para zonas en Copiapó, La Ligua-Petorca, Marchihue y Aconcagua.
"Carretera del agua"
Además de las infiltraciones, las autoridades ven con buenos ojos la iniciativa de la empresa francesa Vía Marina, con apoyo de Fundación Chile, que presentó un proyecto de tubería submarina, que transportaría el agua desde el sur hasta las regiones del norte (ver infografía).
Felipe Martin, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, dice que es una alternativa que el gobierno estudia seriamente y que el próximo año podrían comenzar los primeros estudios de prefactibilidad. "Estimamos conveniente realizar esta obra y queremos fomentar a que los privados la desarrollen. Ya estamos con estudios de Copiapó y Arica para el traslado de agua", plantea Martin.
La iniciativa consiste en un gran tubo que va por la costa y que partiría desde la Región del Maule, tomando las aguas de las desembocaduras de los ríos. Con ello se evita la pérdida de agua y puede utilizarse para trasladarla por tuberías oceánicas. La inversión llegaría a US$ 2.500 millones.
