Acelerar los plazos estipulados y elevar la meta que establece que el 20% de la matriz energética del país provenga de energías renovables no convencionales (ERNC) es el pilar fundamental del plan energético a 20 años que el gobierno pretende implementar. Todo, mediante la utilización de subsidios a proyectos, licitaciones de suminsitros especiales, mecanismos de financiamiento y fondos de promoción de tecnologías.
Pero esta normativa -conocida como Ley 2020, y que permite abrir las puertas a las ERNC, es altamente cuestionada por quienes la catalogan como poco competitiva y costosa.
Un argumento que valida esta tesis es la medida tomada por el gobierno español, en torno a suspender las primas a nuevas instalaciones de energías renovables, paralizando muchos proyectos de inversión.
"En España se estableció un sistema de primas que incentivaban la generación con ERNC y que involucraba subsidios bastante generosos que no tenían relación con los costos de generación", explica René Muga, gerente general de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile (AGG).
¿Nadando contra la corriente?
El retiro de las primas En España por parte de Mariano Rajoy coincidió con la reciente visita de una delegación chilena, cuyo fin fue interiorizarse de la experiencia en ERNC de uno de los países líderes en la materia a nivel mundial.
Coincidentemente, esta representación compuesta por el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez; el presidente del Senado, Fuido Girardi; el presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables, Alfredo Solar y miembros de la industria, fue recibida por el Ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, el mismo que con unos días de desfase anunció el término de los subsidios a estas energías. El objetivo fue paliar el déficit tarifario hispano, que fluctúa entre los 3.000 millones de euros y 4.000 millones de euros al año, y que en total asciende a 24.000 millones de euros.
El ahorro producto de la suspensión de las primas fue cuantioso, ya que para este año estaban previstas subvenciones a las energías en régimen especial por 7.220 millones de euros, de los cuales un 71% se destinarían a energías renovables y el resto a la cogeneración y residuos.
A juicio de los especialistas, el gobierno chileno no debería subsidiar a las ERNC de buenas a primeras, debido a los costos implícitos que traería esta determinación.
"En España hubo un reconocimiento del subsidio exagerado a las energías renovables, que literalmente produjo un desacomodo a al economía entendiendo que es una alternativa cara y que no puede sostenerse por sí misma, más aún cuando se pretende de manera agresiva imponer un 20% de energías de este tipo, las que seguro deberán ser pagadas por el bolsillo de los chilenos", manifiesta Francisco Aguirre, director ejecutivo de Electroconsultores.
A juicio de René Muga, Chile debe sacar enseñanzas del caso español y promover la competitividad y la investigación, pero no una imposición "a la fuerza".
Tras el término de los subsidios en España, muchas empresas llegaron a Latinoamérica, incluyendo Chile, para desarrollar proyectos de este tipo.
A la espera de la ley
A fines de enero, el Senao aprobó la ley 2020, por lo que la iniciativa fue despachada a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional. A la espera del próximo debate, que comenzaría el próximo miércoles en la Comisión de Energía, los expertos recomiendan dar una mayor ponderación a los aspectos técnicos.
Francisco Aguirre dice que una variable que no debe quedar en el tintero, es el "que un aumento en las subvenciones de energías renovables no convencionales, debido a su ubicación geográfica, requerirá importntes inversiones en transmisión y en respaldos energéticos convencionales".
Otro elemento incipiente se puede palpar en el mercado y en la planificación de las empresas generadoras.
Según la analista de BICE inversiones, Mabel Weber, en el mercado se prevén ciertos ajustes producto del alto costo que involucraría la implementación de la 2020.
"Existe preocupación en las compañías y están muy atentos a lo que suceda con esta ley, debido a que se asume que las energías renovables son muy caras y se requiere bastante inversión. Por ahora, algunas compañías están invirtiendo en pequeñas centrales hidroeléctricas de 20 MW, que aún califican dentro de este tipo de energías, pero están pendientes de lo que suceda", comentó.
