Gobierno endurece proyecto que obliga a eléctricas a compensar a comunidades

Fuente: La Tercera

El Ministerio de Energía envió a la Secretaría General de la Presidencia el proyecto de ley, que define los montos que las generadoras deberán pagar a las zonas donde se instalen.

Importantes cambios introdujo el gobierno al proyecto de ley que obligará a las generadoras a compensar económicamente a las comunidades locales, por la instalación de centrales eléctricas. Conocedores del proyecto indicaron que el gobierno endureció la iniciativa. El Ministerio de Energía lo envió hace unas semanas a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

La iniciativa legal fue anunciada por la Presidenta Bachelet en enero de 2009 y en septiembre de ese año se definió el aporte que debían realizar las generadoras a las comunas donde instalen una planta generadora igual o superior a 200 MW (megawatts). El aporte se fijó en 270 UTM (unos US$ 20.225) por megawatt, pago que cancelarían en 10 cuotas anuales y era descontable de impuestos. Con ese criterio, una central de 500 MW pagaría US$ 10 millones en compensaciones.

En este último punto radica la principal modificación que hoy impulsa el gobierno. Fuentes del sector privado señalaron que ahora el proyecto considera que cuando se trate de centrales eléctricas de generación convencional, los gastos que realicen para compensar no los podrán deducir del impuesto a la renta.

Agregaron que sólo cuando se trate de proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC), las empresas recibirán un crédito con cargo fiscal por esa contribución.

"Tal como está el proyecto, el pago funcionará como un mecanismo impositivo para muchos de los proyectos eléctricos", dice un conocedor de la iniciativa. Con esto, agrega, se buscaría también promover los proyectos de ERNC.

Otras dos serían las razones que habrían motivado a La Moneda a realizar esos cambios a la propuesta original. Una de ellas, el efecto terremoto. "El gobierno necesita recursos para la reconstrucción y no está en condiciones de desembolsar recursos devolviendo pagos a las generadoras", dice una fuente.

También se buscaría reducir la oposición de los sectores que se ven afectados con la instalación de proyectos. "La percepción de la comunidad cambia si es la empresa la que entrega la compensación y no el gobierno el que termina pagando", afirma una fuente.

El monto del pago también se habría modificado. Para definirlo, se establecería un mecanismo de banda que considera el tamaño del proyecto y su costo de inversión.

"No será una cifra única para todos los proyectos, porque la idea del gobierno es que el cobro sea diferenciado", dice un conocedor de la iniciativa.

La propuesta del gobierno consideraría cobrar un porcentaje del costo de la inversión por MW instalado. Esa fórmula definiría un mayor pago para proyectos más pequeños y un cobro proporcional menor para iniciativas con inversión más cuantiosa.

Además, las compensaciones no serían a nivel comunal. A juicio del gobierno, un problema que planteaba la iniciativa original era que en algunos casos serían demasiados los recursos que llegarían hasta las pequeñas localidades. Una opción es que el beneficio sea entregado a nivel de provincias y para ello se definiría "un monto tope" para cada habitante que va a recibir esos recursos.

En todo caso, el proyecto podría experimentar nuevos cambios hasta que La Moneda lo envíe al Congreso para su discusión.

El origen de la iniciativa legal

La idea de que las eléctricas compensen a las comunidades que estén cerca de las nuevas centrales que se instalen surgió durante el gobierno de Michelle Bachelet. Fue la misma Mandataria quien en enero de 2008, en la primera cena anual de la energía, dio a conocer a los privados la decisión del gobierno de enviar un proyecto de ley para regular esta materia.

En esa oportunidad, Bachelet recalcó a los privados que no iban a tener que incurrir en un gasto adicional, porque el aporte que realizarían a las comunidades lo iban a poder descontar de impuestos.

A través de una compensación directa a las comunidades se quería evitar la fuerte oposición a la instalación de de proyectos eléctricos que se estaba evidenciando en el país. De hecho, la medida fue calificada entre los expertos de la industria como un traje a la medida para HidroAysén, considerando que por el tamaño de la iniciativa incurriría en compensaciones millonarias a comunidades que tienen pocos habitantes.

Según el primer proyecto que elaboró el Ministerio de Energía, HidroAysén debía compensar con US$ 50 millones a las comunas de Cochrane y Villa O"Higgins, mientras que el resto de las eléctricas unos US$ 250 millones a otras comunas afectadas.

Fuente: La Tercera