Proyectos eléctricos bajo amenaza suman US$12.000 millones

Fuente: Sustentable.cl

El freno que la Corte Suprema le puso el viernes a la aprobada central Río Cuervo, es la tónica que están sufriendo las iniciativas eléctricas, con lo cual la judicialización se ha transformado en la principal amenaza para la seguridad eléctrica del país.

La decisión que tomó el viernes la Tercera Sala de la Corte Suprema respecto a la paralización del proyecto hidroeléctrico Río Cuervo –que se emplaza en la Región de Aysén e involucra una inversión estimada de US$733 millones–, es el pan de cada día que está viviendo el sector eléctrico, y que en un mediano plazo vulnera la seguridad energética de Chile, considerando la fuerte demanda que impulsa el acelerado crecimiento del país. Es así como la judicialización de los proyectos se está transformando en la principal amenaza para el futuro abastecimiento de electricidad a nivel nacional.

Según el reporte del sector eléctrico de la consultora Systep, correspondiente al mes de abril, los proyectos en estudio de impacto ambiental suman 23.442 MW y representan US$43.571 millones.

Para el Sistema Interconectado Central (SIC) totalizan 17.569 MW, con una inversión de US$28.280 millones, mientras que en el SING alcanzan los 5.873 MW, que equivalen a una inversión de US$15.291 millones.

Los casos emblemáticos de centrales entrampadas en procesos de judicialización o que están siendo cuestionadas por las comunidades son el proyecto hidroeléctrico HidroAysén (2.750 MW), la termoeléctrica Castilla (2.350 MW), Punta Alcalde (740 MW), Campiche (270MW), el proyecto hidroeléctrico Achibueno (135 MW), las termoeléctricas Pacífico (350 MW) y Patache (110 MW), el Parque Eólico de Chiloé (112 MW), además del citado proyecto Río Cuervo (640 MW). Todas estas iniciativas bajo amenaza suman cerca de US$12.000 millones.

Este escenario energético es altamente complejo, sobre todo porque el 2011 se vio afectado por una sequía prolongada, por un retraso en la puesta en servicio de centrales y de infraestructura de transmisión y la quiebra de Campanario Generación, entre otros, que pusieron en aprietos la operación y seguridad del sistema.

Pero eso no es todo. Chile importa el 72% de los insumos para producir la energía que consume, según antecedentes de la CNE. Sin embargo, en los próximos 20 años la demanda eléctrica crecerá 3,2 veces. Eso implicará que en el principal sistema eléctrico del país (SIC), que va desde Taltal a Chiloé y abastece al 93% de la población, pasará de unos 7.500 MW a cerca de 22.000 MW. En el Norte Grande, en tanto, la demanda se duplicará, lo que significa pasar de 2.000 MW a 3.750 MW en el mismo período.

Escenario energético

Y la oferta viable tampoco hace que el panorama se vea mejor, pues los proyectos que actualmente están en construcción agregarán a la matriz apenas 2.296 MW. Colbún es el actor que más está contribuyendo al crecimiento de ésta, con un 35% de la capacidad de generación en construcción, seguida por Endesa con un 15,2% y AES Gener con un 11,8%.

“Las tres empresas principales del sector están aportando un 62% de la nueva capacidad, lo que representa un porcentaje inferior a su cuota actual de mercado cercana al 80%”, comentaron analistas.

La preocupación de Hugh Rudnick, director de Systep, es “que el rechazo a los proyectos de generación y las dificultades en transmisión se transformen en algo sistemático, lo que afectaría seriamente cualquier política de desarrollo de la matriz de abastecimiento eléctrico que se quiera implementar”.

Por su parte, Javier Giorgio, vicepresidente de Operaciones de AES Gener, planteó respecto a la institucionalidad ambiental que “lo importante es que sea lo más objetiva posible, porque nosotros pensamos que la energía tiene que ser sustentable no sólo operacionalmente”. Además, el ejecutivo recuerda la judicialización del proyecto Ventanas IV, que estuvo detenido por 18 meses, “afortunadamente entrará en operaciones el próximo año”, manifestó.

Durante la junta de accionistas del grupo Enersis, Ignacio Antoñanzas, gerente general de la compañía, expresó que “existen muchas trabas en la institucionalidad de los proyectos. Los hidroeléctricos tramitan entre tres y cuatro años, a diferencia de los térmicos, que salen rápidamente adelante, pero son de carbón y diésel”, afirmó el ejecutivo.

En tanto, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, es enfático: “La libertad de empresa sólo será posible con un involucramiento del Estado en materia eléctrica”.

Judicialización existe por errores de las empresas

Ignacio Toro, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), manifestó que luego de un año en entrada de operaciones de la institución han avanzado en consolidar el nuevo proceso de evaluación.

“En el sector de energía hemos reducido los días hábiles de promedio de 181 en el 2008 a 173 en el 2011. Sin duda, junto a la minería son los sectores más complejos, pero estamos avanzando”, señaló.

Sin embargo, a juicio de la autoridad los inversionistas requieren mejorar el proceso de revisión de los proyectos. “Si hay proyectos en proceso de judicialización es por errores técnicos y de procedimiento reglados”, detalló.

Asimismo, Toro manifestó que no todos los titulares son iguales, algunos se esfuerzan por saber qué deben mejorar y en qué están fallando. Mientras otros, reaccionan impetuosamente. “Los errores son la metodología de los proyectos, graves errores técnicos y falta de profesionales en los proyectos”, aseguró.

Además, agrega que la institución está intentando acercarse a los inversionistas a través de capacitaciones y una política de puertas abiertas.

“Para este año estimamos aprobar 1.000 declaraciones de impacto ambiental y entre 40 y 80 estudios”, detalló.
Para Toro, los proyectos que están entrampados en procesos judiciales tienen las razones suficientes para estar en ello, aunque asegura que la energía que proporcionarán es vital para el desarrollo y crecimiento del país.

Fuente: Sustentable.cl