Nueva paralización de Hidroaysén abre riesgo de caducidad del permiso ambiental

Fuente: Sustentare

El proyecto hidroeléctrico de Aysén (2.750 MW) vive horas complejas, pues la demora en la presentación del estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión abre el riesgo de que caduque el permiso otorgado a las centrales.

La legislación ambiental contempla que las resoluciones de calificación ambiental (RCA) tienen una vigencia de cinco años desde que son otorgadas, lo que en el caso de las centrales hidroeléctricas de Aysén ocurrió en mayo del año pasado, tras casi tres años de tramitación.

A esto hay que sumar otro antecedente: para Hidroaysén (sociedad entre Endesa y Colbún) no sirve de nada construir las centrales si no tiene como evacuar la producción hasta los centros de consumo, en el Sistema Interconectado Central (SIC).

En otras palabras, para iniciar la construcción es un requisito que esté aprobada la línea de transmisión, para lo cual queda poco menos de cuatro años.

Pero la actual situación que enfrenta el proyecto, que cortó el contrato con su consultor principal (el consorcio GHD) y que despidió a gran parte de su personal en terreno, siembra la duda sobre cuándo se presentará el estudio de impacto ambiental a tramitación, abriendo un riesgo de que expire el plazo de cinco años señalados por la normativa, pues la sociedad no está dispuesta a iniciar obras de las centrales sin contar con el visto bueno de la autoridad ambiental respecto de las líneas.

A esto se suma el hecho de que la tramitación ambiental es, de por sí, muy lenta. Las mismas centrales tardaron 3 años en conseguir el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), situación que todavía permanece impugnada en tribunales.

Más tarde 


En el caso de la línea de transmisión, la discusión podría tardar todavía más, dada la intervención ambiental que generará (pasará por dos regiones, entre Cochrane y Puerto Montt) y porque la presencia de comunidades indígenas en el trazado obligarían a abrir un período de consulta en el marco del convenio 169 de la OIT.

En la industria señalan que Hidroaysén conoce de este riesgo, pero señalan que la discusión hoy está en otro lado: las garantías que puede dar el Estado para que la línea de transmisión pueda concretarse, al igual que las centrales, y cómo es posible compatibilizar su construcción con el proyecto de carretera eléctrica pública, que el gobierno comprometió para el próximo mes de agosto.

Una solución podría ser que las obras partan antes de que se apruebe el EIA de la línea, situación que involucra un riesgo no menor.

Fuente: Sustentare