Director del SEA explica los cambios que darán "más certeza" a los procesos de evaluación ambiental

Fuente - Imagen: La Segunda

El fallo de la Corte Suprema que rechazó la construcción de la termoeléctrica Castilla -de la brasileña MPX y la alemana E.ON- puso el foco en la institucionalidad ambiental y en el proceso de evaluación de los proyectos. El director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ignacio Toro, reconoce que el organismo que dirige tiene poca credibilidad, lo que facilita la judicialización de los casos que revisa, pero que están trabajando para dar mayor "certeza" al proceso.

Explica que el organismo que precedió al SEA, la Conama, contaba con pocos antecedentes técnicos para tomar las decisiones, carga que siguen "arrastrando", pero que intentan dejar atrás. "Sabemos que tenemos que mejorar, pero lo importante es resguardar la institucionalidad".

-¿Funciona el actual modelo de institucionalidad ambiental en Chile?
-La institucionalidad se modificó en enero del 2010. Se hicieron mejoras que van en la dirección correcta que tienen que ver en la calificación ambiental dos etapas que estaban confundidas: la primera, un levantamiento y análisis de información técnica y, la segunda, de toma de decisión. Anteriormente esas etapas se confundían más aún de lo que están hoy y eso generaba un incentivo a que en la evaluación ambiental los temas críticos no se levantaban o se escondían.

-Pero fallos como el de Castilla parece que ponen en duda este avance...
-Hace dos años, cuando se hizo un análisis de cómo estaba funcionando el Servicio y cómo se requería que lo hiciera, se realizó una planificación estratégica que recogió que en el corto plazo era altamente probable que los fallos empezaran a ser desfavorables.

-¿Bajo qué parámetros se llegó a esta conclusión?
-Históricamente los fallos favorables habían descansado en reconocer la deferencia administrativa hacia la autoridad que se pronunciaba, pero el estándar técnico de esas mediciones no se adecuaban a los requeridos por el país. El escenario que vemos hoy, el Servicio planteó dos años atrás que se venía esta situación. Hemos trabajado permanentemente aquellos aspectos que han sido cuestionados en los distintos fallos.

-¿El que mejoren los procedimientos de evaluación ambiental facilita que los tribunales discutan aspectos técnicos en los procesos que reciben?
-Sí, hoy es distinto. Por ejemplo, las comunidades saben más, se asesoran mejor y el país demanda más. En la actualidad existen juicios que los interponen los mismos privados con información del sistema (...) hay una ciudadanía, en la que incluyo a los inversionistas, más empoderada, que quiere que las cosas se hagan bien y, por tanto, los recursos en tribunales o en otra instancia tienen más antecedentes y análisis.
"Hay un sistema que tiene muy poca credibilidad pública"

-¿Cree que, de existir mayor confianza en el trabajo administrativo de evaluación, disminuiría la judicialización?
-Si efectivamente la institucionalidad logra establecer mecanismos y procedimientos que den certeza técnica respecto a la evaluación ambiental obviamente disminuye la tensión. Siempre existirán los conflictos, pero la diferencia está en que, cuando un grupo no quiere que se realice un proyecto, no le es tan fácil convencer al resto del país que la evaluación se ha hecho mal. Hoy es muy fácil que algún grupo contrario a un proyecto convenza al resto que se han abordado mal los temas ambientales.

-¿Por qué es tan fácil convencer que los procedimientos fueron mal hechos?
-Porque hay un sistema que tiene muy poca credibilidad pública. Viene de años operando de una manera donde no se sistematizaba la información medioambiental. El foco estaba en cómo manejar los conflictos.

-¿No cree que el fallo de la Corte Suprema sobre Castilla ayuda poco a entregar confianza en la institucionalidad?
-Los aspectos comunicacionales por supuesto afectan, eso es evidente. Ahí hay que ver los argumentos y revisar en qué aspectos la Corte levantó temas que son razonables y en cuales se pudo haber equivocado. Es un análisis que se está haciendo, es un aprendizaje mutuo. Independiente de los fallos de las cortes, si uno no tiene una institucionalidad que dé credibilidad pública hace muy complejo el proceso de evaluación de los proyectos y esa credibilidad no se juega sólo en los fallos de la justicia.

-¿En qué debe mejorar el SEA?
-Hemos dicho lo que tenemos que mejorar: establecer criterios claros, acotar la discrecionalidad, enfocándola en dos aspectos como es determinar si hay impactos significativos y si las medidas de mitigación son o no adecuadas. A nivel reglamentario, se generan guías. Hay que estandarizar procedimientos.

-¿Qué errores deben mejorar los titulares de los proyectos?
-A ver, por ejemplo, de las centrales termoeléctricas que se han calificado en los últimos dos, tres o cuatro años, un apunte interesante sería cuáles de ellas reconocen que generan impacto en el aire o en el agua. Partir por ahí. Muchos parten de la base que no requieren medidas de mitigación, ni compensación, ni reparación. Cuando una central termoeléctrica plantea que no requiere mitigaciones para el impacto que genera en el aire, agua, pero sí para el impacto que genera en las lagartijas estamos con problemas como país".

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