María de la Luz Domper: El 80% de las Inversiones Hidroléctricas Se Hizo con Actual Legislación de Aguas

La investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo recuerda que el Código Civil ya reconoce las aguas como un bien nacional de uso público, por lo que la reforma es innecesaria.

Según la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, María de la Luz Domper, en caso de que se aplicara el proyecto de Reforma Constitucional que modifica el Artículo 19, en lo relacionado al régimen jurídico de las aguas en Chile, generará gran incertidumbre en las inversiones.

—¿Cuáles son las implicancias de la Reforma Constitucional de Aguas?

—El proyecto tiene tres ideas principales. El primero es que en la Constitución, pretenden dejar dicho que las aguas son un bien nacional de uso público cualquiera sea su estado, líquido, sólido o gaseoso. Esto no tiene mucha repercusión porque la verdad es que hoy día el Código Civil reconoce las aguas como un bien nacional de uso público, de hecho lo que se da en propiedad es el derecho a usar o aprovechar las aguas, no se da en propiedad el derecho sobre el agua. Desde esa perspectiva no es necesaria la reforma.

El segundo elemento que incorpora el proyecto de ley que enviaron, es que se van a otorgar derechos de aprovechamiento sobre las aguas, pero se establece que una ley va a fijar las limitaciones al uso o al ejercicio de ese derecho de propiedad. Ese punto es muy negativo porque genera incertidumbre a quienes hoy día han realizado inversiones en sectores claves como el sanitario, minero, agrícola, industrial e hidroeléctrico, ya que eventualmente les podrían variar las reglas a futuro, en cambios como por ejemplo que la autoridad caduque los derechos.

—¿La caducidad está claramente estipulada en el decreto?

—Eso no quedó explicado en lo que enviaron al Congreso, pero dado a que se hace referencia a una ley y como no tenemos el contenido de ella, genera todas estas incertidumbres.Un tercer punto que viene en el proyecto es que se permite que la autoridad se reserve derechos con el fin de conservar el recurso hídrico y la verdad no se entiende a qué se refieren con eso. Más que generar efectos positivos, esta reforma lo que te hace es generar un efecto negativo y pareciera que responde más bien a presiones políticas.

—¿Cuáles serían los sectores más perjudicados?

—Eso depende de qué tipo de derecho hablemos, porque hay derechos consuntivos que son los de aquellas personas que usan el agua y la consumen. Dentro de este grupo están las actividades mineras, sanitarias, agrícola e industrias y, por otro lado, están los derechos no consuntivos, en donde se utiliza el agua y devuelve al cauce. Dentro de esta clasificación están las centrales hidroeléctricas.

El más perjudicado en el uso de recursos no consuntivos es el sector de generación hidroeléctrica, y en el uso de recursos consuntivos es el sector agrícola, porque el 84% de los derechos se usan en riego, también se ve perjudicado el sanitario y el minero con una utilización del 4,5% de los derechos. Además, el sector industrial, que ocupa el 6,5% de los mismos.

En el fondo estamos hablando de introducir incertidumbre respecto al marco legal que ha funcionado bien en los últimos 28 años y que ha permitido que más del 80% de las inversiones hidroeléctricas se haya desarrollado en ese período. Es complicado desde esa perspectiva.

—¿Cree que este proyecto tiene que ver con un tema político?

—La lectura que uno puede hacer, dado que el tema ha estado en el programa de gobierno del ex candidato Marco Enríquez-Ominami y como también está en el programa de Eduardo Frei, el gobierno recoge las aspiraciones de ellos.

Fuente: Estrategia