Gobierno cambiará proyecto de ley que obliga a eléctricas a compensar a las comunas

Fuente: La Tercera

A poco más de tres meses de haber llegado a La Moneda, las autoridades energéticas están haciendo una profunda revisión de varios temas que quedaron pendientes de la administración anterior y que son materias claves para el desarrollo del sector energético. El proyecto de ley que busca compensar económicamente a las comunidades locales por la instalación de centrales eléctricas es una de las iniciativas que está en evaluación.

Fuentes del gobierno indican que el Ministerio de Energía está estudiando introducir algunos cambios a la iniciativa legal, que fue anunciada por la Presidenta Bachelet en enero de 2009 y que en septiembre del año pasado la cartera de Energía le puso números.

Entonces, el Ejecutivo definió que el aporte que deberán realizar las generadoras a las comunas donde instalen una planta generadora igual o superior a 200 MW (megawatts) será de 270 UTM (unos US$ 18.628) por cada megawatts.

En la ocasión, se decidió, además, que este pago se cancelará en 10 cuotas anuales y las empresas podrán descontarlos de sus impuestos. La iniciativa busca destrabar los proyectos y reducir la oposición de las comunidades locales.

Hoy, en el Ejecutivo piensan que la idea general de la iniciativa es buena, porque permitirá que las comunidades perciban una compensación directa de los inversionistas, lo que ayuda al desarrollo de la comunas donde estarán las plantas.

Sin embargo, las autoridad creen que la fórmula debe ser mejorada. Un problema que ve es que en algunos casos serán demasiados los recursos que llegarán hasta las pequeñas localidades. Por eso, una opción es que el beneficio sea entregado a nivel de provincias y no de comunas.

Tal como está concebido el actual proyecto, las zonas de Cochrane y Villa O'Higgins, en la XI Región, serían una de las que recibirán un mayor aporte. Según el proyecto de ley, las cinco centrales del megaproyecto HidroAysén, que implica 2.750 MW de capacidad, deberán entregar unos US$ 50 millones de compensación.

A juicio del gobierno, un impacto económico tan grande como el anterior podría distorsionar y desvirtuar la realidad comunal y, para evitar que eso se produzca, el Ejecutivo está interesado en que esos beneficios se distribuyan con un criterio más amplio.

En todo caso, la fórmula definitiva aún no está diseñada y en el gobierno siguen haciendo los estudios para afinar el mecanismo de compensación. En ese trabajo han recibido observaciones de los privados.

Fuente: La Tercera