Alto Maipo, más polémica que electricidad

Fuente: La Nación
Periodista: Susana Carrasco

Pese a que la empresa AES Gener obtuvo los permisos medioambientales y la aprobación de la Comisión Regional del Medio Ambiente, las obras están paralizadas por un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago y enfrenta la fuerte oposición del senador Pablo Longueira (UDI), del diputado Enrique Accorsi (PPD) y de parte de la comunidad organizada del Cajón del Maipo. Pero otros, la defienden. Juzgue usted.

El sol del mediodía estaba radiante, derretía la nieve que la noche anterior había arrojado la tormenta del miércoles.

Curiosamente, en el pequeño salón de la municipalidad de San José de Maipo había un cálido y reconciliador clima, pese a las duras acusaciones cruzadas en reuniones anteriores.
Entre los asistentes al encuentro de este jueves 24 de junio, que partió temprano en el puente del río Colorado, estaban Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable; representantes de la agrupación ciudadana Coordinadora Ríos del Maipo, empresarios hoteleros, de restaurantes, practicantes de deporte aventura, guías de turismo y el director del campus de Montaña Alto Maipo, de la Universidad San Sebastián, Joe Vidal.

Todos interesados en escuchar lo que tenían que decir el senador Pablo Longueira (UDI), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, y el diputado Enrique Accorsi (PPD), miembro de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Baja, sobre el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) de la empresa AES Gener, que contempla la construcción de dos nuevas centrales, Alfalfal II y Las Hojas, con capacidad de generación de 531 megawatts (MW) para el Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece de energía a los chilenos desde Taltal a Chiloé.

“Nosotros creemos que los estudios que se han hecho no son suficientes, no toman en cuenta todas las variables, y ese es un riesgo gigantesco en que estamos poniendo a la Región Metropolitana. Y en las comunas que nosotros representamos, en mi caso Peñalolén y La Reina, o las otras comunas, como Pudahuel, Cerro Navia o Santiago mismo, de este proyecto no tienen la más mínima idea, nadie sabe que existe. O saben que existe y que está en el Cajón del Maipo, y creen que no les va a afectar a ellos como ciudadanos”, advirtió Accorsi.

El parlamentario PPD explicó que su preocupación de fondo radica en que “casi el 80% del agua que recibe la Región Metropolitana viene del río Maipo”, abastecimiento que podría verse afectado con la implementación de este proyecto.

Reparo del cual también se hizo parte el senador Longueira. “No soy de los que me opongo a todas las termoeléctricas. Pero debemos ver que se hagan dónde y por qué. Porque si vamos a permitir que las termoeléctricas estén en el lugar más barato para la termoeléctrica, creo que tarde o temprano el país lo va a pagar”, señaló el legislador gremialista.

“Si nuestro principal valle, que riega todo el Maipo, se ve afectado en el futuro, los costos serían irreversibles, tomando en cuenta que el principal mercado es el vino de exportación en esta zona”, dijo aludiendo a que en el mercado internacional hoy se toma en cuenta tanto la ruta del carbono como la ruta del agua en los productos exportados.

Defendiendo la naturaleza

Las aprensiones de los parlamentarios están en línea con la que evidencian varias personalidades de la zona.

Como Liliana Astorga, guía de turismo de aventura desde hace 30 años, que es una de las interesadas en que este proyecto no se concrete.

“Esto que quieren hacer es la muerte para el Cajón del Maipo. La cordillera es tan frágil como no lo podemos imaginar. Un riachuelo se junta con otro riachuelo y otro, y forman un estero. Ese estero se junta con otro estero y forman un río. La humedad que generan los esteros y las lagunas son lo que produce la vida y el verdor del cajón del Maipo. Si sacas el agua del Cajón del Maipo, se muere”, dijo a LND.

“Si van a sacar el agua y la van a devolver 70 kilómetros río abajo, a la entrada del cajón del Maipo, en el sector Las Lajas, el curso del río cambiará para siempre. Hay estudios que dicen que en cinco años se secarían 30 metros de la riviera del Maipo hacia arriba, en 10 años se desertificaría el Cajón del Maipo”, justificó.

Astorga, integrante del clan que luchó contra Gas Andes, recuerda que llevaba a sus hijos cuando eran niños al río Aconcagua y se tiraban en canoa, actividades que ya no pueden hacer.
“Acampábamos y hacíamos paseos, era un río maravilloso donde se podía pescar y bañarse. Entubaron el río y murió. Que sirva de ejemplo. El Cajón del Aconcagua está muerto. Se secaron las vegas. Se secó toda la naturaleza. Es cosa de ir a verlo. ¡Cómo la gente no va a despertar!”, se lamentó.

Otra integrante de esta familia emblemática de la zona es Soco Astorga, quien sostiene que toda la gente que tiene centros de turismo está en contra del proyecto.
“Es un genocidio ambiental ¡¿Cómo van a permitir que venga una empresa norteamericana, que no pudo hacer en Estados Unidos este proyecto, y con el poder del dinero divida a las comunidades?. Claro, por dos o tres años le dan trabajo a 20 ó 30 personas, hay plata, pero después se pierde el agua y no queda nada”, se queja.

“En 30 años más no va a haber nada. Nuestros hijos no tendrán nada. ¿Qué va a pasar con las napas subterráneas de San Alfonso, que son alimentadas por el río?. Si le sacas el 50% al río, ¿qué va a pasar?. Todo el sistema hídrico está interconectado. Hay una ceguera e ignorancia tremenda de lo que está a punto de pasar. Tenemos derecho de usar el agua, pero tenemos el deber de cuidarla”, asegura.

Por su parte, Edison Acuña, representante de la Coordinadora Ríos del Maipo, repara en que ya hay cuatro centrales de la misma empresa en el cajón del Maipo: Maitenes, Alfalfal, Queltehue y Volcán y afirma que ”con las centrales que ya hay, el río queda seco en el pueblo el Volcán”.
Como asiduo visitante a la zona, Acuña cree que es absurdo construir más centrales en el lugar, pues cuando más se necesita energía, en invierno, es cuando los ríos precordilleranos presentan su nivel más bajo de agua.

“En el Centro de Despacho Económico de Carga (Cedec) se puede ver con claridad que el río no tiene el agua para producir en la época donde se necesita la energía”, afirma.
Posición similar a la que sostiene Hernán Donoso, presidente de la Federación de Andinismo de Chile, quien afirma que “las aguas que pretenden entubar no son suficiente para generar la electricidad que dicen tendrá la central”.

“No entiendo para qué se hace o si se justifica la inversión, pues de llevarse a cabo un proyecto como Alto Maipo, se cierran los accesos para las caminatas y las expediciones”, agrega.

En su opinión, Chile debe definir, como país, dos tipos de sitios prioritarios, los agrícolas y los turísticos o de recreación y esparcimiento, lugares que deben existir para la sana convivencia, destacando que en Chile no hay ley que ampare las cumbres, como sí la tienen las playas.
Acuña también repara que el valle las Arenas, por donde pasa el trazado del PHAM, “tiene una característica especial, pues existen huellas de dinosaurios y rocas fósiles, que es una condición única en el mundo y, si supiéramos organizarnos, con el turismo nos daría más remesas que la minería”.

Para Joe Vidal, director del Campus de Montaña Alto Maipo, en San Alfonso, de la Universidad San Sebastián, donde se ofrece la carrera de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo, la implementación de este proyecto sencillamente significaría el fin de una carrera que recién comienza.
“Los alumnos en terreno puede apreciar y aprender de la naturaleza en vivo y en directo, después de ejecutado el proyecto no quedará nada”, dice.

“Nuestra elección para instalarnos en el sector con nuestro Campus de Montaña fue fundamentalmente por las características geográficas y por la gran variedad de terrenos que están disponibles para la práctica y entrenamiento de nuestras actividades al aire libre. El retiro de las aguas del Alto Maipo afectaría mucho nuestro programa de capacitación para la seguridad y navegación en ríos y alteraría el equilibrio ecológico sobre el cuál se sustenta nuestro proyecto más emblemático”, argumenta.

Estrategia jurídica

El encuentro del jueves 24 había sido propiciado por Defensores del Río Maipo, uno de las organizaciones que el pasado 15 de junio recurrió a un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en otro intento por detener la construcción de las nuevas centrales hidroeléctricas, cuya implementación fue aprobada hace ya dos años por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema).

Según el abogado ambientalista Juan Carlos Urquidi, la construcción de las centrales Alfalfal II y Las Lajas tiene derechos adquiridos, a partir de la resolución legal que autoriza su implementación, pero ello no necesariamente es un hecho definitivo.

A su juicio, una manera de revertir esta situación es “cuestionar la validez jurídica de la resolución de calificación ambiental”, argumentando “que esa calificación ambiental podría constituir o estar embarazada con un vicio que le fuera posible ser anulada, por la vía de los recursos que el marco legal vigente establece”.

De ahí que, además de recoger el temor al desabastecimiento de agua en la Región Metropolitana y el eventual daño a otras actividades económicas en la zona, el recurso de protección presentado hace poco más de dos semanas argumenta también que la entonces directora de la Conaf de la Región Metropolitana fue “presionada por su superior” (la directora nacional, Catalina Bau) a aprobar la corta de estas especies protegidas por la Ley de Bosque Nativo (olivillo y guayacanes), tala necesaria para la implementación del PHAM, lo que a su juicio, “contraviene la ley” e “invalida el permiso medioambiental concedido por este servicio”.

Respecto de las presiones indebidas para la aprobación del proyecto, el abogado patrocinante, Fernando Dougnac, explicó a LND que “esto se presentó en el recurso de protección como una manera de mostrar la poca transparencia que hubo en esto. La directora metropolitana afirmaba que no podía otorgar la autorización, porque ese proyecto iba en contra de la Ley del Bosque Nativo. Sin embargo, la directora (Bau) ordenó la aprobación de ese proyecto, citando una disposición que, a nuestro modo de ver era inaplicable para este caso”.

La legalidad del proceder de Bau también fue cuestionada ante la Contraloría General de la República, en una presentación realizada en junio del año pasado por diversas organizaciones, entre ellas el Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal.

Sin embargo, el órgano contralor desestimó la acusación mediante una resolución emitida el miércoles 16 de junio de este año, ocho días antes de este encuentro con los parlamentarios, señalando que tanto las decisiones adoptadas por la ministra de Agricultura en esta materia, como “los documentos dictados por la Corporación Nacional Forestal, se encuentran ajustados a derecho, por cuanto han sido emitidos dentro del ámbito de sus competencias”.

“La Contraloría ha demostrado que yo, como directora de Conaf, actué siempre bajo mis competencias, que eran instruir, orientar, realizar distintas acciones según la ley y los estatutos de la corporación. Por lo tanto, aquel viejo tema que dicen que yo obligué a alguien no corresponde, porque la directora regional era una subordinada mía y me correspondía instruirla”, dijo a LND Catalina Bau, quien también explicó su versión de los hechos.

“Lo que pasó es que los permisos ambientales son regionales y la directora metropolitana tenía que emitir una última opinión, en un período en que la Ley de Bosque Nativo no tenía reglamento. Entonces, ella tuvo una duda a la hora de otorgar el permiso 102, que era la facultad que teníamos. Ella me hizo la consulta y, en conjunto con la fiscalía de Conaf, le dijimos que no le diera el permiso, sino que lo condicionara a que la empresa presentara un plan de manejo de preservación. Lo que ellos interpretaron era que la ley no permitía presentar plan de manejo de preservación, pero luego con el reglamento y con el dictamen de Contraloría, quedó establecido que sí correspondía”, señaló.

Empleo y otros beneficios

El proyecto de AES Gener no tiene sólo detractores. También hay líderes locales que apoyan su implementación.

Especialmente porque, el 7 de marzo de 2009, la empresa firmó un convenio con dirigentes sociales y el municipio en el que se “compromete a estimular la contratación, por parte de los contratistas y subcontratistas del proyecto, como promedio durante el período de construcción del mismo, de un mínimo de 500 personas de la comuna de San José de Maipo, incluyendo profesionales y técnicos calificados y trabajadores no calificados”.

Asimismo, de materializarse la construcción, la empresa aportará a proyectos de beneficio social en el área de deportes, educación y capacitación, también al desarrollo de infraestructura de uso comunitario y de actividades productivas o de servicios que generen empleo local.

Para Héctor Escobar, representante de la Unión Comunal, el convenio tiene un valor inédito. “La experiencia con Gas Andes -que construyó un gasoducto en la misma zona para traer gas natural desde Argentina-, nos dejó la sensación de que podíamos haber pedido un poco más. Ahora, somos llamados a conversar con la empresa y se toman en cuenta nuestras necesidades”, dice.

Una línea de argumentación a la que también se suma el alcalde de esa comuna, Luis Pezoa (RN).
“Por el cajón del Maipo han pasado muchas empresas con proyectos, y sentimos que no han dejado nada en la comuna. Nosotros no estamos en condiciones de que una vez más pasara la empresa y que nuestros vecinos no tuvieran ninguna recompensa, ninguna deferencia”, explica, por ello se esforzaron en llegar a un buen acuerdo para los habitantes del lugar.

Otro que apoya el proyecto es Patricio Olivares, que desde hace tres años es dueño del restaurante La Oveja Negra, ubicado en la Plaza de San José de Maipo.

Olivares cuenta que para San José, el proyecto hidroeléctrico anterior “según lo que cuentan, fue muy bueno para el pueblo, comercialmente, porque llegaron como 4.000 personas y hay mucho empleo y mucho gasto. En términos comerciales a mí me afectaría positivamente. Lo que si me gustaría es que a largo plazo, porque la construcción dura cuatro años, se protejan los recursos naturales que existen en el Cajón. Porque también a largo plazo me gustaría subsistir”.

Aunque admite que no tiene certeza sobre el daño ecológico que causaría PHAM. “He ido a las reuniones y nunca me quedó claro. Porque los ecologistas dicen que sí, como la parte contraria y la empresa dicen que no. La explicación que dieron ellos es que como no pueden quedarse con el agua, la toman y la devuelven. Lo encuentro lógico en todo caso”, dijo a LND. Agrega que “la mayoría del pueblo está a favor porque son el pueblo, la gente trabajadora, que le conviene el trabajo que van a tener”.

Aspecto que, justamente, es el que molesta al senador Longueira. “Quiero ser muy claro, lo que nosotros votamos y decidimos en proyectos de esta naturaleza son materias de institucionalidad medioambiental. Lo que a mí me repugna es que mezclemos la discusión. Y quiero ser muy honesto, aquí hubo un lobby del municipio, legítimo o no, para apoyar el proyecto en función de un convenio social, cuando lo que tenemos que decidir es el impacto medioambiental para la comuna y para la Región Metropolitana”, concluyó en la reunión del pasado 24 de junio.

Fuente: La Nación

Periodista: Susana Carrasco